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Pegasus: por qué ahora todos podemos ser espías (pero también ser espiados)

Las acusaciones sobre la utilización del programa informático Pegasus para vigilar a periodistas, activistas e incluso a líderes políticos nos muestran que la vigilancia digital está ahora en venta.


Según algunas fuentes, alrededor del mundo más de 600 políticos y funcionarios, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios y 85 activistas, entre otros, habrían sido víctimas de este espionaje. Unos 50.000 números de teléfono habrían sido filtrados.


La compañía detrás de Pegasus, NSO Group, ha negado las acusaciones, indicando que no pone estas herramientas en manos de cualquiera y que sus clientes son cuidadosamente valorados. Pero este es otro indicio de que las complejas tecnologías de espionaje, que solían ser exclusivas de algunos estados, ahora están al alcance de más actores, desafiando la forma en la que concebimos la privacidad y la seguridad en un mundo interconectado.


En un pasado no tan distante, no era tan sencillo para un servicio secreto saber qué estabas haciendo. Podían solicitar una orden judicial para espiar tus conversaciones telefónicas o enviar a un equipo para que te siguiera. Averiguar quiénes eran tus contactos y cómo era tu rutina diaria requería paciencia y tiempo.


Ahora, casi todo lo que ellos podrían querer saber de ti -¿qué dices?, ¿dónde has estado?, ¿con quién te has visto?, e incluso ¿cuáles son tus intereses?- está contenido en un dispositivo que llevamos con nosotros todo el tiempo. Podrían acceder a tu teléfono de forma remota sin siquiera entrar en contacto con él y tú nunca sabrías que tu amigable asistente digital ha sido transformado en el espía de alguien más. Esta capacidad de intervenir de forma remota un teléfono era considerada una práctica que pocos estados podían intentar, pero estos exclusivos poderes de vigilancia están ahora en manos de muchos países e inclusive de individuos y pequeños grupos.


En 2013, el excontratista de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden reveló el poder de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido para espiar conversaciones a nivel global. Dichas agencias siempre mantuvieron que sus capacidades de vigilancia estaban sometidas a la autorización y la revisión de gobiernos democráticos. Estas autorizaciones no estaban muy reguladas en ese momento, pero ahora son más exigentes. Sin embargo, las revelaciones de Snowden llevaron a otros países a preguntarse qué era posible en el mundo del espionaje. Muchos quisieron contar con las mismas herramientas y un selecto grupo de empresas -la mayoría de ellas de un perfil bajo- buscaron cada vez más cómo vendérselas.


Israel ha sido siempre un país con tecnología punta y algunas de sus compañías, como NSO Group, integradas muchas veces por veteranos del mundo del espionaje, han estado entre aquellas que comercializaron estas técnicas. NSO Group ha dicho que solo vende sus programas informáticos de espionaje para la vigilancia de criminales peligrosos y terroristas, pero el problema es cómo cada uno define esas categorías. Frecuentemente, gobiernos autoritarios acusan a periodistas, disidentes políticos y defensores de los derechos humanos de ser criminales o amenazas para la seguridad nacional, convirtiéndolos en un objetivo de esta vigilancia intrusiva. En muchos de estos países no existe ningún ente supervisor que controle cómo se utilizan estas poderosas herramientas tecnológicas o, si existe, su capacidad de supervisar este espionaje es mínima.


La mayor disponibilidad de codificación de mensajes ha incrementado los intentos de los gobiernos por meterse dentro de las comunicaciones de la gente. Antes, cuando las llamadas de teléfono eran el principal medio de comunicación, se podía ordenar a una compañía telefónica intervenir un teléfono, pero ahora las conversaciones suelen estar encriptadas, lo que obliga a acceder al dispositivo en cuestión para saber qué se dice. Al mismo tiempo, los teléfonos celulares son hoy en día depósito con muchísima más información de la que podían tener los teléfonos convencionales.


Los estados recurren a veces a soluciones muy creativas, como el ejemplo reciente de una operación de inteligencia australiana-estadounidense en la que a bandas criminales se les suministraron teléfonos que ellas pensaban que eran seguros, y que en realidad estaban siendo operados por las agencias de seguridad. Pero el espionaje no se reduce a los teléfonos. Otras técnicas de vigilancia se están difundiendo rápidamente. Incluso herramientas para intervenir negocios en internet son fácilmente accesibles.



Fuente: BBC News http://arah.in/VDvx


 

Estos son los retos que traerá el etiquetado de la reciente “Ley de comida chatarra”

La comprensión del etiquetado y la información veraz son dos de los aspectos que deberán tener en cuenta empresas y entidades


El pasado 17 de junio la plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca regular el etiquetado en los productos ultraprocesados. Conocida como “Ley comida chatarra”. La idea principal con esta norma, que aún no tiene la firma presidencial, es que en la parte frontal de los productos haya una advertencia visible (especie de logos) sobre los altos contenidos de azúcar, sodio y grasa que puedan contener.


A pesar de lo necesaria que es la ley para la salud pública en el país, algunos expertos han afirmado que se debe tener cuidado con la entrada en vigor de la norma, pues podría afectar a los empresarios en caso de no tener ciertas consideraciones que Asuntos Legales le explicará a continuación.


La comprensión del etiquetado


Hay una preocupación en cuanto a la implementación de la Ley y es que el consumidor puede no llegar a tener los elementos suficientes para procesar la información, pues al tener la etiqueta frontal del alto contenido calórico, o de ciertos elementos como azúcar, podría haber una reacción desfavorable que desequilibre el mercado en medio de la competencia.


Una reacción adversa, producto de la mala percepción del etiquetado, va a originar, probablemente, una calificación a los productos como perjudiciales y que atentan directamente contra la salud de las personas. Habrá un desequilibrio de estos productos frente a otros que no tengan la etiqueta y puedan ser tomados como neutros en la salud de las personas que los consumen. En cuanto a los temas referentes a competencia desleal, podrían surgir escenarios en que aquellos que no tienen la etiqueta podrían competir contra los que sí la tienen al dar una ilusión de que sus productos son buenos.

Puede haber actos de competencia desleal si la empresa que tiene un producto de alto riesgo utiliza el etiquetado para brindar una información que no corresponde a la realidad. El Invima puede entrar a jugar un papel muy importante porque certificaría la composición del producto y que el etiquetado corresponde a la realidad.


Los consumidores deben tener en cuenta que los productos no son dañinos por el simple hecho de tener la etiqueta que exigirá la Ley. Es importante entender que no se trata de alimentos “tóxicos” o que atenten directamente contra la salud de las personas. Los productos tienen un registro sanitario y cuentan con permisos para que puedan ser comercializados. Uno no podría equiparar a un producto con la nueva etiqueta como si fuera dañino directamente contra el organismo.


Todo se dependerá del lenguaje que se utilice en las etiquetas, pues los fabricantes podrían verse afectados si el consumidor asocia el etiquetado con un producto que causa daños a la salud. La etiqueta será un modo de informar al consumidor sobre lo que está comprando, pero no lo debe asustar y no debe sembrar la percepción de que el producto en cuestión lo va a enfermar, sino que el consumo excesivo de los estos alimentos es lo que resulta perjudicial. El tema del mercadeo también será decisivo para las compañías con este tipo de productos.


Otra de las consideraciones de la posible entrada en vigor de la “Ley comida chatarra” es que la información que se busca entregar debe servir a los ciudadanos para saber qué están consumiendo ellos y sus familias. El Ministerio de Salud tendrá el reto de fijar los umbrales con relación al exceso de azúcar, sodio y grasa en los alimentos procesados.


Fuente: asuntos:legales http://arah.in/BRRl

 

De Interés


La firma internacional Standard & Poor's confirmó calificaciones de AA- y de BRC 1+de Bancamía - http://arah.in/TALp


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