Buscar
  • Thomas Informa

Thomas Security News 389


Hurto en Bogotá: delito difícil de castigar ante la justicia

En Bogotá pululan las víctimas, de un delito que día a día crece y para el cual la respuesta institucional se ha encaminado a la presencia de más policías en las calles.



Los robos de celulares y de bicicletas son los delitos que más han aquejado a los bogotanos en 2021 y los que representan el mayor porcentaje de ocurrencia respecto a otras ciudades. Sin embargo, la judicialización de estos crímenes en la capital es irrisoria. Un cruce de cifras y análisis de expertos arrojan luces para dar respuesta a la pregunta: ¿por qué?


Uno de los problemas que más aquejan a los capitalinos: el hurto de celulares. Así indica el informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), “reloj de la criminalidad”, elaborado con datos del Sistema Estadístico, Delincuencial y Operativo de la Policía.

Según el informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), “reloj de la criminalidad”, elaborado con datos del Sistema Estadístico, Delincuencial y Operativo de la Policía, entre enero y agosto de 2021 se presentaron 96.842 denuncias por hurtos de celulares en el país, de las cuales el 37 % (35.831 casos) fueron en Bogotá. En otras ciudades como Medellín y Cali la cifra fue de 9 y 8 por ciento, respectivamente.

Según la Secretaría de Movilidad, en 2020 creció en Bogotá el uso de la bicicleta a raíz de la pandemia, alcanzando 680 mil viajes diarios, algo que han aprovechado los delincuentes. Según el informe de la CEJ, de los 11.880 hurtos de bicicletas en el país, 56 % fueron en la capital (6.652).


Revisando el consolidado realizado por la CEJ, con cifras del sistema SPOA, de denuncias en la Fiscalía por hurto en Bogotá en los últimos seis años (2016-2021) se encontró que de los 709.144 casos conocidos, solo el 3,16 % han terminado en condena. Por otro lado, en 2021 la Fiscalía ha recibido 99.781 noticias criminales por ese delito, de los cuales solo 575 terminaron en sentencia; 10 terminaron anticipadamente; 3.268 están en juicio; 295 en investigación, y 94.497 (el 94,7 %) siguen en indagación, la primera etapa en un proceso penal (ver gráfica).


Si bien esto podría deberse a que los datos son del año en curso, al revisar las estadísticas de los cinco años anteriores es claro que el estancamiento en la judicialización es la regla y no la excepción. De los 78.715 procesos abiertos en 2016, a la fecha el 6 % (4.700) terminaron en condena; el 0,01 % (11) terminaron anticipadamente; el 4 % (3.112) están en juicio; el 0,10 % (106) continúan en investigación, y el 83 % (65.918) siguen en indagación. La tendencia se mantiene en 2017, 2018, 2019 y 2020 en los que el porcentaje de condenas ni siquiera alcanza al 7 %.

Incluso, al sacar un promedio entre los seis años se confirma la regla: el esclarecimiento y la judicialización efectiva de los casos de hurto en Bogotá están en deuda con la ciudadanía, pues el 91,36 % de los procesos siguen en indagación, etapa en la que la policía judicial busca pruebas para identificar a los presuntos autores


Ante esto, el abogado penalista Gildardo Acosta señaló varios aspectos legales que dificultan el sometimiento a la justicia de los responsables de este delito.


Uno es la prisión preventiva, medida que imponen los jueces para que, en casos exclusivamente necesarios, se prive de la libertad a un sindicado. Según el abogado, “por más gravosa que sea la conducta punible, se debe cumplir con los requisitos establecidos (ser un peligro para la sociedad, riesgo de fuga o no comparecencia) en la ley para solicitarla y que un juez la decrete”.


Agrega que la cuantía de los robos también influye en los casos, sin importar el impacto que esto pueda causar en la víctima. “Cuando un hurto no supera los 10 salarios mínimos, no tiene como requisito pedir privación de la libertad”, así como la falta de antecedentes o si la pena es menor a 48 meses. “El sistema penal acusatorio no cumplió con la expectativa para la cual se creó, pero no hay que acabarlo sino mejorarlo con más tecnología y capacitación de funcionarios e intervinientes en un proceso penal”, concluye Acosta.


Por otro lado, el experto en seguridad ciudadana, Miguel Andrés Silva, manifiesta que la percepción de inseguridad en Bogotá debe tener una mirada más allá del número de capturas que muestren las autoridades, para enfocarse en “revisar qué pasa con la Fiscalía, su eficiencia y qué tan buenos son los fiscales en su trabajo”. Por otro lado, insiste en que más que las capturas, debe ser la judicialización el verdadero indicador de la lucha contra la inseguridad. “El sistema debe funcionar con criterio de eficacia y no en función de la gestión, como hoy”, dijo.


Lo cierto es que en Bogotá pululan las víctimas, de un delito que día a día crece y para el cual la respuesta institucional se ha encaminado a la presencia de más policías en las calles. No obstante, una evaluación de la eficacia en el sometimiento a la justicia podría dar visos para aupar una política criminal concentrada en los resultados ante los jueces y no ante las cámaras de los noticieros.


Fuente: El Espectador https://n9.cl/xsxli


 

Retos y oportunidades que dejó la pandemia en competitividad

Educación, eficiencia tributaria y empleo, áreas en las que debe trabajar Colombia. Digitalización y programas sociales, entre los avances.


Elkin tiene 7 años, vive en el área rural de Planeta Rica y está en primero de primaria. Elkin ha recibido educación pública durante toda su vida, y sin embargo, la probabilidad de que se gradúe de bachillerato es de apenas 44%”. Con esta historia, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), abrió paso a la presentación de los resultados del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, el cual fue publicado este martes.

Entre los principales hallazgos del reporte, que llega a su edición número 15, y revisa los retos y oportunidades que tiene el país en 16 áreas, como son educación, salud, mercado laboral, productividad y emprendimiento, eficiencia del Estado, energía y sistema tributario, entre otros, está la necesidad de trabajar en una hoja de ruta para que el país no se vea rezagado en el corto y mediano plazo en materia de competitividad.


“Cuando hablamos de competitividad nos referimos a cómo estamos nosotros frente a pares, lo cierto es que el mundo tuvo que hacer un alto en el camino para atender toda la vulnerabilidad que la pandemia generó”, dijo Maiguashca, y añadió: “hoy en día no tenemos un ranking que nos diga si avanzamos o retrocedimos, tuvimos que hacer un alto sobre ciertas inversiones de largo plazo, y aún así, ganamos en algunas cosas como inversiones en economía digital, inclusión financiera a través de medios digitales, o telemedicina. Son avances que tal vez no hubiéramos recorrido este trecho. Además de todos los programas sociales”.


De allí que el CPC se enfocó en cuatro aspectos como la base de la hoja de ruta para la competividad.


El primero se desarrolla en torno a la educación y el empleo. De hecho, estas son dos de las brechas en las que más enfatizó el reporte, que aboga por el retorno a la educación presencial de 2,2 millones de niños y desarrollar una estrategia integral para atender a niñas, niños y jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior. El informe muestra cómo las tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media en 2020 fueron 89 %, 79 % y 47%, lo que representa una brecha de 10, 18 y 46 puntos porcentuales frente al promedio de la Ocde.

En materia de empleo, el CPC señala que el país fue uno de los que mayores aumentos del desempleo entre marzo de 2020 y junio de 2021 tuvo dentro de la Ocde, y que se requiere actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo.


En segundo lugar, el país tiene la tarea de revisar sus marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado, con el fin de impulsar productivamente los mercados. El informe sostiene que “aumentar el ingreso y bienestar de las personas de forma sostenible solo puede lograrse aumentando la productividad”, lo que se facilitaría por medio de un Análisis de Impacto Normativo a los reglamentos técnicos emitidos hace más de cinco años y derogar los que no tengan evidencia de un impacto positivo o la ejecución de un censo económico, el publicar los microdatos anonimizados del Registro Único Tributario y hacer pública la base de datos del Registro Único Empresarial.


El tercer punto de la hoja de ruta es la conectividad. En materia digital, si bien se han dado avances importantes, el país continúa como el de menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija de la Ocde, mientras que en materia de servicios y transporte el CPC señala que se debe seguir avanzando en la diversificación de la matriz de generación de energía y en una red de transporte intermodal en todo el país.


Finalmente, un Estado eficiente es fundamental. Por un lado, se propone una reforma pensional que permita una mayor eficiencia del gasto público, y por otro, buscar “un sistema tributario eficiente, equitativo y progresivo, que fomente la formalidad”.


El informe señala como “las medidas fiscales y de liquidez implementadas para apoyar a los hogares y las empresas durante la pandemia impactaron el recaudo tributario y el balance fiscal”, pero reconoce que es necesario deducir la carga tributaria corporativa.

Entre algunas de las barreras que menciona el informe está que el recaudo tributario total como porcentaje del PIB es de 19,7 %, frente a 21,4% del promedio regional y 33,6% de la Ocde; y también que 79,9% del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas, cuando para el promedio de los países de la Ocde este porcentaje equivale a 29%.

Las otras dos recomendaciones en materia tributaria y fiscal que presentó el CPC son la necesidad de racionalizar exenciones y regímenes especiales para reducir el gasto tributario y aumentar la equidad del sistema y ampliar el umbral a partir del cual se declara el impuesto de renta de las personas naturales para aumentar la base gravable.

“Tenemos que avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, teniendo en cuenta sus ingresos, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos”, dijo Maiguaschca en la presentación del informe.


Así mismo, el Informe Nacional de Competitividad reconoce que el gasto tributario en Colombia en 2020 fue 6,6% del PIB, de los cuales 4,9% corresponden a gastos tributarios asociados al IVA, y destaca las altas tasas de evasión en el país: en el impuesto a la renta de personas naturales en 2019 fue 23,2%, mientras en las personas jurídicas 31,6 %. Por otro lado, la tasa de evasión del IVA es 23,2%.


Fuente: Portafolio https://n9.cl/fzrsq6

 

De Interés


Mintic: la alerta por retrasos en otro contrato, por valor de un billón - https://n9.cl/2kg81

Procuraduría jaló las orejas a entidades para poner en marcha Centros Digitales en 17 departamentos.


Rusia destruye un satélite con un misil y desata polémica con la Nasa - https://n9.cl/03sl0

El 15 de noviembre Rusia destruyó uno de sus satélites y generó una “nube” de escombros que, según EE.UU., afecta la seguridad de los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional.


‘Carros más seguros’, la campaña para evitar que se sigan presentando accidentes de tránsito en las carreteras colombianas - https://n9.cl/l2wnd

Esta iniciativa nació con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad vehicular, además, de crear un listado público de los vehículos que, a pesar de no tener buenas condiciones de seguridad, se siguen vendiendo al público en el país.


 

8 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo